Los derechos humanos y laborales frente al TPP
La semana del 6 de julio del año en curso atendí una invitación para participar en la ciudad de Washington en una serie de reuniones con algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, integrantes del grupo progresista del Partido Demócrata, así como del Departamento (Secretaría) del Trabajo y el representante de Comercio del gobierno estadunidense encargado de los asuntos laborales. Los encuentros con políticos y legisladores fueron coordinados por AFLCIO, Federación Estadunidense del Trabajo y el Sindicato de Trabajadores del Acero.
Fueron tres días intensos de trabajo y de explicaciones derivadas de las fuertes dudas y cuestionamientos sobre la violación a los derechos laborales y humanos en México y las condiciones que nuestro país debe reunir para ser aceptado como parte de las 12 naciones que próximamente constituirán el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP, por sus siglas en inglés).
Sin duda hay gran preocupación de estos grupos sobre la situación real que prevalece y la violación de los derechos de los trabajadores y los derechos humanos de la población mexicana en su conjunto, frente a este nuevo reto del gobierno mexicano, particularmente a la luz de los resultados negativos para la clase trabajadora, después de las promesas y alcances del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que 20 años después han producido mayor explotación, marginación y pobreza.
Hoy en México existe un sistema que actúa contra la libertad de asociación y de organización de los trabajadores, que se basa en los contratos de protección patronal, los cuales mantienen a los miembros del sector laboral en la pobreza, las amenazas y el temor de ser sancionados o despedidos. Esa forma de explotación funciona con base en acuerdos privados que seudolíderes sindicales firman con empresarios que buscan someter a los trabajadores bajo su control, negándoles el derecho a la contratación colectiva y a pertenecer al sindicato de su preferencia, así como a elegir libremente a sus verdaderos dirigentes.
Ese sistema es de protección patronal, no laboral, y en la práctica, una vez que se suscriben los acuerdos respectivos en los términos que las empresas deciden, los supuestoslíderes reciben dinero y prebendas para imponer esas nefastas condiciones a los propios trabajadores a cuyas espaldas firmaron. Después los corruptos líderes van a obligar a quienes se supone que representan, con la amenaza de que acepten tales condiciones o están despedidos y boletinados en listas negras, para que nadie los vuelva a contratar. Por supuesto, la necesidad económica hace que quienes prestan sus servicios acepten ese humillante contrato colectivo, si es que existe, con salarios y condiciones de trabajo denigrantes, así como a líderes a quienes detestan y a quienes nunca eligieron.
Desafortunadamente, 90 por ciento de los contratos de protección patronal que existen en el país están en manos de la CTM, la CROC y la CTC. Incluso el gobierno estadunidense lo ha denunciado ante organizaciones de índole mundial como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ha demandado una verdadera reforma laboral que proteja los derechos de los trabajadores en México y sustituya a las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales o cualquier otra forma o institución que garantice la libertad sindical, o que sea ajena al Poder Ejecutivo y pase a ser del Judicial, para que actúe con mayor autonomía del gobierno.
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/01/opinion/013a1pol