Homicidio industrial e impunidad

El domingo 19 de febrero de 2017 se cumplieron 11 años de la terrible tragedia en la mina 8 de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila

, donde perdieron la vida 65 mineros, de los cuales 63 cuerpos todavía hoy permanecen abandonados en el fondo del socavón a 120 metros de profundidad, mientras 11 más sobrevivieron con graves quemaduras y lesiones que los dejaron marcados para el resto de sus vidas.

Para la mayoría de los familiares, amigos y compañeros de los mineros caídos parece que apenas sucedió ayer. Once años después todavía se escuchan los gritos y la desesperación por el dolor que dramáticamente continuó por horas, días y semanas, hasta que el sufrimiento y los lamentos se fueron apagando gradualmente. En el exterior de la mina en la que quedaron atrapados los trabajadores, era notable e impresionante la angustia, la desesperación y la incertidumbre de las familias, las cuales fueron tan intensas que ese “homicidio industrial” no se ha podido, ni se podrá olvidar jamás.

Han transcurrido 11 años de esa catástrofe ocasionada por la negligencia criminal, la arrogancia y la insensibilidad de la empresa Grupo México, dueña de la mina, y de sus directivos Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y Javier García de Quevedo, quienes han pretendido a lo largo de todo ese tiempo que los mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México y de todo el mundo olvidemos y nunca más recordemos el “homicidio industrial” de Pasta de Conchos perpetrado con letal impunidad.

Como lo estableció el boletín de prensa que envió esta semana el Sindicato Nacional de Mineros en ocasión de este luctuoso y triste acontecimiento: “Sin ningún sentido del honor ni de la hombría, Larrea y socios, así como sus cómplices adentro y afuera del gobierno, siguen esperando que a los mineros y al pueblo de México se nos olvide ese gran atentado, y que lo mismo ocurra con la infinidad de organizaciones internacionales que han reprobado ese ‘homicidio industrial’ y actuado incondicionalmente a favor de nuestras demandas de justicia. No hay ni habrá perdón ni olvido para los que han ejecutado, encubierto o solapado ese atentado a la integridad de los trabajadores mineros y sus familias. Eso lo exige nuestro sentido de la dignidad y del honor”.

Las demandas de los mineros desde entonces han sido, uno, el rescate de los cuerpos para entregarlos a las familias y darles una digna sepultura; dos, una compensación justa y adecuada para las esposas e hijos de los trabajadores y garantizar su educación y la protección de su salud hasta la edad adulta, y tres, reabrir la investigación sobre las causas de la explosión y castigar con todo el peso de la ley a los responsables, sin importar el nivel o la posición que tengan en sus empresas. Es decir, terminar con el encubrimiento y la impunidad.

Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y el actual de Enrique Peña Nieto ponen oídos sordos ante esta situación que representa una vergüenza histórica. Todos, empresa y gobiernos, se han mantenido en esa relación confortable que da la complicidad, apoyada por la mayoría de los medios de comunicación.

Da la impresión de que todos apuestan a que la población se olvide de estas tragedias para no salir de su área de pasividad, tal como ha sucedido con otras desgracias, como las de los niños que murieron en la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los 22 jóvenes de Tlatlaya, o el caso de Tanhuato y de innumerables crímenes y asesinatos que se han cometido en nombre de la justicia y del orden. Quizás algunos piensan que el pueblo no tiene memoria.

A nivel internacional hay una campaña que está penetrando intensamente con un alto sentido de humanidad y de solidaridad, que es promovida principalmente por los United Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, y por Unite, el sindicato más grande de Inglaterra, que señala: “detengan los asesinatos y apliquen la ley”. Esa estrategia se ha generalizado como una forma de frenar la negligencia y obligar a las empresas y a las autoridades a respetar y cuidar la vida y la salud de las personas, por encima de cualquier otra consideración, sobre todo la de su codicia, de su ambición por las utilidades o de sus prácticas deshumanizadas.

Es tiempo de solidarizarnos todos con las necesidades de las personas más abandonadas y marginadas de la vida económica y social. En especial deben aportar más quienes han acumulado más riqueza, pero no con actos de caridad, sino con programas que verdaderamente abran nuevas oportunidades para trabajar y reconocer el esfuerzo por medio de mejores ingresos que cubran las demandas básicas de las mayorías para sobrevivir con justicia y en dignidad, antes de que sea demasiado tarde y la inconformidad y la estabilidad se salgan de control.

Por si todavía no se han puesto a trabajar en serio en el gobierno, después de muchos años de comodidad, es necesario activar con urgencia los programas de política económica para reordenar las actividades del país, pues el huracán ya llegó y con fuertes lluvias, vientos y tormentas procedentes del norte del país.

Espero que el comentario de La Jornada escrito en su Rayuela de hace unos días sea una realidad en el sentido de que el arribo del señor Trump obligue a cobrar conciencia de lo que somos, de nuestros valores, como el nacionalismo, la soberanía y la independencia, y de que todos, los de arriba, los de abajo y los de en medio protejamos y defendamos a México con nuestro trabajo y con nuestras acciones diarias, aunque parece que no todos tenemos la misma conciencia sobre la gravedad de la situación.

Artículo publicado en el periódico La Jornada.

Link: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/23/opinion/020a1pol